Ley de 2 Oportunidad – Ley Segunda Oportunidad
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Anteriormente, una persona física con deudas tenía serias dificultades para solucionar sus problemas de insolvencia. Era muy difícil que pudiese volver a emprender alguna actividad desde cero, a pesar de que lo intentase por todos los medios posibles.

Esto se debía principalmente al procedimiento que la Ley Concursal disponía. Esta ley, que sigue hoy en día rigiendo los concursos de personas jurídicas, no aportaba las herramientas necesarias para reducir la insolvencia de las personas físicas. Se centraba principalmente en la realidad mayoritaria, es decir, en los concursos de personas jurídicas. Es por eso que los concursos de personas físicas apenas se producían, a pesar de la cantidad incapacitados reales para pagar sus deudas.

La llegada de la Ley de 2 Oportunidad

Esta complicada situación en el concurso de acreedores de personas físicas dio un giro en 2015. La promulgación de la Ley de Segunda Oportunidad en España cambió por completo el devenir de las personas físicas endeudadas.

La Ley de Segunda Oportunidad ha creado los mecanismos para que todas las personas físicas que no puedan pagar sus deudas puedan liberarse de éstas, posibilitándolas para que empiecen de nuevo una actividad emprendedora y empresarial. Se ha creado el sistema ideal para el concurso de acreedores de las personas físicas.

¿En qué consiste la Ley de 2 Oportunidad?

El objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad es dar una segunda oportunidad para aquellos deudores de buena fe que se encuentren en situación de insolvencia. El deudor debe probar que no ha sido declarado culpable en concurso de acreedores, así como también que no ha incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social en los últimos 10 años.

Este mecanismo de segunda oportunidad ha sido ideado para que profesionales particulares, autónomos y trabajadores por cuenta ajena puedan liberarse de las deudas, ofreciendo mecanismos de pago a largo plazo o incluso cancelándolas.

La Ley de 2 oportunidad faculta la realización de un acuerdo extrajudicial de pagos, consistente en una reunión entre acreedores y el particular, acompañado por el notario. El objetivo es llegar a un acuerdo de pago que se ajuste a la situación de insolvencia del particular.

Este acuerdo extrajudicial permitirá liberar y extinguir las deudas. Puede hacerse desde la cancelación de todas las deudas en caso de insolvencia total, hasta un plan de pagos mensual asumible para el deudor durante un máximo de 5 años junto con el perdón total de la deuda restante al acabar dicho plazo.

 


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